Después de una jornada infinita de reuniones, conferencias, conversaciones, escuchas de dificultades o inquietudes, así como denuncias sobre cuestiones que afectan a los derechos de las personas menores, Jesús Maeztu, Defensor del Pueblo, la Infancia y Adolescencia en Andalucía, aún tiene tiempo para atender una entrevista. Así, con plena energía y generosidad, iniciamos una charla sobre un tema que el Blog Análisis y Debate pretende poner sobre la mesa desde un ángulo diferente: la salud mental de jóvenes y adolescentes a través de la figura de la Defensoría.
El CONFINAMIENTO, UN DETONANTE DE PATOLOGÍAS EN LA ADOLESCENCIA
En el último “Barómetro Juventud Salud y Bienestar” [1] de la Fundación Fad Juventud resalta que el 60% de jóvenes dice haber tenido algún problema de salud mental en 2023, observándose un aumento de estas cifras cada año. Por otra parte, La Fundación Pfizer y Fad Juventud han elaborado el estudio “Jóvenes en pleno desarrollo y crisis pandémica. Cómo miran al futuro” [2] donde se percibe cierta reducción del pesimismo si se compara con las percepciones que había en el año 2020. Ahora que tenemos una visión más amplia en el tiempo, ¿cuáles son los efectos provocados por la pandemia de COVID-19 sobre la salud mental de los y las jóvenes según su opinión?
La pandemia generó una serie de riesgos y desafíos agravando patologías ya existentes que se sumaron a carencias anteriores, desconocidas, ignoradas y no atendidas. Su efecto fue diferente según los contextos y los entornos familiares, que eran muy diversos. Muchos adolescentes y jóvenes vivieron en un espacio no socializado, sin parentalidad positiva, lleno de vulnerabilidad, de drama, de silencio y de miedo donde no se habían superado los conflictos familiares y los casos de violencia. En nuestra experiencia con el Consejo de Participación y jóvenes entre 14 y 18 años nos dimos cuenta de lo que habían vivido, y de que no habían sacado fuera su mundo de emociones. Fue precioso ver cómo en tres días que se les prestó atención en Granada pudieron extraer todas esas sensaciones a través de juegos con los que les iba guiando un especialista. Pero ¿cuántos jóvenes pudieron expresar después del confinamiento todo ese terror, ansiedad y desafíos? Muchas personas adolescentes se han quedado con ello dentro y han ido apareciendo depresiones, somatizaciones, estrés, duelos patológicos, incremento de problemas de conducta alimentaria, abuso de alcohol… Luego, fue un golpe duro que precipitó comportamientos de riesgo.
Un mandato importante en la juventud y la adolescencia es concebir que la salud mental dentro de la bioética es la consideración de que niños, adolescentes y jóvenes son personas dignas de derechos humanos y futuro. Ya que si no se aborda el tema de las patologías puede ser totalmente pernicioso para ellos y ellas.
LAS VIOLENCIAS, EL COMÚN DENOMINADOR DE LA REALIDAD JUVENIL
Más allá de la pandemia, sus análisis de los Informes Anuales de la Defensoría en Infancia y Adolescencia [3] realizados a lo largo del tiempo reflejan un común denominador en las realidades de las personas adolescentes: la invisibilidad y la violencia. ¿Por qué habéis llegado a esta conclusión? ¿Cómo influye la violencia en la salud mental de las personas jóvenes y adolescentes?
A mí me impresionaron los datos que extrajimos sobre el entorno de violencia en la que viven los adolescentes. Es una violencia que va más allá de lo físico, que anula a la persona, que persigue identidades, género, etc. Estas son los prolegómenos de brotes psicóticos, espasmos, autolisis, y querer suicidares para acabar con todas esas presiones.
También hay que considerar la presión social del entorno familiar y la violencia sexual. Nos hemos asombrado de la cantidad de quejas y denuncias anónimas sobre abusos sexuales en el entorno familiar, que, a pesar de tener prohibido el anonimato, cuidamos y tenemos en cuenta. De hecho, Save The Children, organización con la que pronto realizaremos unas jornadas, explica en una publicación [4] que a partir de los cinco años comienza una línea de tocamientos, una marca en los menores que se une a una violencia oculta de los abuelos durante las siestas. Por estos relatos recabados hay que visibilizar los traumas que se están viviendo en la adolescencia, aportar información que no conoce la Fiscalía. Sabemos que están en el entorno de experiencias traumáticas de riesgo, como las conductas autolesivas, el consumo de drogas, los abusos, etc., pero no sabemos qué tipo de violencia es la que se produce en cada situación.
LOS FACTORES DE RIESGO Y LA “EPIDEMIA INVISIBLE”
Hablando de temas vinculados a la sexualidad, en el último “Barómetro de Opinión de la Infancia y la Adolescencia” de Unicef España [5] se alerta de que la juventud no ve como un problema el acceso y la exposición a la pornografía. Además, tengo entendido que el Parlamento de Andalucía ha creado un Grupo de trabajo para garantizar la protección de menores ante el acceso a la pornografía en internet a través de la Comisión de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad. Entonces, ¿cómo afecta el consumo pornográfico a la salud mental de la juventud?, ¿cómo combatiría esa problemática?
En nuestro informe “Acceso de niños y adolescentes a material pornográfico en internet: de la prohibición a la educación en 2020” [6] nos dimos cuenta de que la pornografía jugaba un papel muy importante. Da hasta miedo decir que, gracias a que la pornografía es gratis, de fácil acceso y escapa a cualquier control de aplicaciones, la edad de consumo haya pasado de catorce años a ocho años de edad, cuya proporción es mayor en chicos y chicas. A veces, incluso se añaden estimulantes y sustancias a todo ello. De tal modo que se está generando violencia, es un precursor clarísimo de la pornografía como de otros factores de riesgo que contribuye a entrar en un estadío de salud mental donde al final tenemos que tratar al adolescente. Por tanto, estamos llegando tarde porque ya intervienen los fármacos y no la pediatría.
Una de las claves comienza por educar a los niños y niñas, a la familia, al colegio dotándoles de lo que ordena la Ley de Protección a la Infancia (LOPIVI): herramientas, habilidades, debates y enseñanzas en lo afectivo sexual que tan censurado ha estado hasta ahora. Pero nadie se ha dado cuenta, porque no ha habido detención. Es más, la otra clave es anterior a la detención, anticiparse a los problemas de salud mental, es decir, reforzar la prevención controlando y trabajando las emociones juveniles.
O sea, el obstáculo no es el conflicto y la violencia. Ojalá no existiesen, pero están ahí se quiera o no. El problema verdadero es que no abordamos cómo gestionar ese conflicto.
El Barómetro de la Fundación Fad Juventud [1] nos indica que por primera vez se da una menor proporción de jóvenes que nunca han experimentado ideas de suicidio (el 47%). Y las cifras indican que el suicidio se ha convertido ya en la primera causa de muerte entre los y las jóvenes entre 16 y 24 años, según explicaba hace muy poco el jefe de Psiquiatría Infantil y del Adolescente del Hospital Gregorio Marañón para La Vanguardia.
En una de sus declaraciones hablaba de la necesidad de realizar un “Plan específico para la Prevención del Suicidio en la población infanto-juvenil con entidad propia y medidas claras y consensuadas”. ¿En qué consistiría dicho Plan si tuviese la potestad de llevarlo a cabo?
Hemos observado con estupor que en Andalucía no había un protocolo contra el suicidio, una causa de mortalidad que no podemos ignorar. Nosotros la llamamos “la epidemia invisible”, un término que te da a entender la responsabilidad social irrenunciable que supone. Me viene a la mente un caso muy significativo que tuvimos sobre una chica de 24 años con unos padres muy solícitos a preocuparse por su salud, y, aun así, terminó en suicido. Fue tan significativo que se lo enviamos a la Consejería de Salud para que viese qué había fallado. El organismo aceptó el reto de montar una comisión de gente preparada para elaborar un plan. La chica estuvo mucho tiempo con un brote psicótico, un gesto de alarma que nadie veía. Un día, ella metió la cabeza en una fuente y no quería salir, hasta que unos chicos la ayudaron y la llevaron a urgencias. Allí en el hospital esperó seis horas en una sala con más brotes y se la citó al psiquiatra para tres meses después, sin poderle dar los fármacos correspondientes porque no había un visado necesario en ese momento. Además, se la envió a su casa esa misma noche, los padres se durmieron del estrés, y horas después la madre se despertó porque no podía pegar ojo encontrándose que su hija se había quitado la vida tirándose por la azotea.
Por ello, hubiese hecho falta una serie de pautas para detener y prevenir esta situación. En primer lugar, estamos huérfanos de datos reales para determinar qué tipo de suicidio se produjo, qué contexto familiar tenía la persona, por qué lo hizo y a qué edad, qué síntomas tenía, y si se le estaba aplicando o no tratamiento. En segundo lugar, se tendría que analizar el ámbito de tratamiento, los procesos y las herramientas necesarias. Todo el rastro que dejó la chica de 24 años en el espacio educativo hubiese dado señales de síntomas durante el curso de bachillerato. En tercer lugar, y al mismo tiempo, habría que plantearse por qué en el entorno de la medicina de familia, donde la psiquiatría y psicología clínica es fundamental, los médicos no quieren especializarse en atención primaria y por este motivo falta atención juvenil con recursos de hospitalización de día y domiciliaria para casos seleccionados.
Un cuarto protocolo es conocer la misión de la Administración. La salud mental no la arregla la Consejería de Salud, cuando el organismo entra en juego ya hemos llegado tarde porque no hay medios para atenderla. De ahí que los Defensores siempre hayamos defendido la coordinación de todos los responsables que trabajan en el sector público para comprobar las experiencias de buenas prácticas en los entornos. Por último, es necesario un plan que evalúe, que haga un seguimiento de cuántos suicidios ha habido, qué familia tenía la víctima, la edad del joven, el entorno familiar, cuándo se detectaron los primeros síntomas… Y un ingrediente muy positivo sería una figura parecida a la que tiene la Consejería de Educación para temas de lucha contra el acoso escolar. Este mecanismo es la Coordinadora de Bienestar y Protección dentro de los centros escolares e institutos, que identifica a través de herramientas quiénes son los y las acosadoras o cuáles son las alarmas.
ORIENTACIONES PARAR ATENDER UNA SALUD MENTAL QUE “ESTÁ EN LOS HUESOS”
Los informes anuales de la Defensoría realizados durante 2021 advierten sobre una serie de déficits en la atención prestada a niños, niñas, adolescentes, y jóvenes con problemas de salud mental, que exigen actuaciones ineludibles por parte de las administraciones públicas. ¿Cuáles son los déficits que usted ha detectado?
Las carencias son muy elementales y estructuradas, como la saturación de las unidades de salud mental juvenil, déficit que se complica terriblemente cuando se produce una patología dual. Esta semana hemos estudiado los entornos vulnerables de las personas presas en los que se observa una demanda de asistencia brutal que retrasa la mediación de diagnóstico y el inicio de tratamiento. Como consecuencia de esa saturación, se producen abusos de tratamientos farmacológicos frente a los terapéuticos.
Otro problema del sistema de atención infanto-juvenil es que adolece de la coordinación mencionada entre niveles asistenciales y los dispositivos y servicios sociales para realizar un buen diagnóstico y prevenir riesgos. Por ejemplo, cuando un hijo ha visto el asesinato de su madre a manos de su padre le tienes que poner un psicólogo permanente porque no puede dormir del impacto, pero el proceso no ha tenido en cuenta todo lo anterior. No debemos llegar ignorantes de un proceso de salud mental que comenzó mucho antes.
Para finalizar, poner más dinero en todos los sistemas de prevención de la salud mental para evitar llegar, precisamente, al sistema de salud mental. Pero no es suficiente ni basta por sí misma, es necesario un planteamiento multidisciplinar de la salud mental.
En una de sus intervenciones menciona que «la salud mental ha de ser una prioridad en las políticas públicas, una necesidad acentuada a causa de la pandemia». Dejando de lado ahora lo que puede hacer la Administración, ¿hacia dónde se deben dirigir las políticas públicas para proteger la salud mental de jóvenes y adolescentes?
Las autoridades públicas tienen que llegar al convencimiento de que la salud mental forma parte del bienestar y el funcionamiento de una persona, porque somos cuerpo y mente y las personas menores de edad son muy frágiles. Hoy en día se cuida mucho la salud física y la conducta. Así que tenemos que hacer tantas horas de salud mental para empatar con la física… Yoga, pilates y evaluación de las emociones, del comportamiento y de la conducta sobre heridas interiores.
Después, este tema tiene que visibilizarse en la agenda pública mostrando la preocupación, la sensibilización y el compromiso adecuado. En definitiva, ponerle voz a los que no tienen voz y que la prensa se haga eco de esos hechos. Una vez que esté en la agenda pública habrá que pegar empujones por otras vías.
Por cerrar el círculo y volver al inicio, con la COVID-19 hemos descubierto que la salud mental estaba “en los huesos”, no tenía “músculo”, y que todo eso que hemos hablado faltaba. Los adolescentes y los niños están relegados a un segundo plano porque tienen mucha capacidad de reinserción, de que sus circunstancias se den la vuelta. Pero cuando empiezan a tratarse tarde y los recursos no pueden llegar porque se saturan, sus problemas de salud mental se van a cronificar y entramos en la prevención de riesgos como el suicidio. La pandemia, pues, fue una situación extrema que supuso la primera gran explosión de un problema que era invisible pero que se tiene que mirar.
BIBLIOGRAFÍA
[1] Kuric, S., Sanmartín, A., Ballesteros, J. C. y Gómez Miguel, A. (2023). Barómetro Juventud, Salud y Bienestar 2023. Madrid: Centro Reina Sofía de Fad Juventud.
[2] Ballesteros, J.C.; Gómez, A., Kuric, S. y Sanmartín, A. (2022). Jóvenes en pleno desarrollo y crisis pandémica. Cómo miran al futuro. Madrid: Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, Fundación Fad Juventud.
[3] Defensoría de la Infancia y la Adolescencia. (s.n). Informes Anuales sobre los Menores. Sevilla: Defensor del Pueblo Andaluz.
[4] Del Moral, C. [coord]. (2020). (Des)información sexual: pornografía y adolescencia. Save the Children España.
[5] Casanova, S. [coord]. (2022). Barómetro de Opinión de la Infancia y la Adolescencia. Unicef España.
[6] Defensoría de la Infancia y la Adolescencia. (2019). Acceso de niños y adolescentes a material pornográfico en internet: de la prohibición a la educación en 2020. Sevilla: Defensor del Pueblo Andaluz.
[7] Megías, E.; Rodríguez, E.; Ballesteros, J.C; Sanmartín, A.; Calderón, D. (2021) Género, Vivencias y Percepciones sobre la Salud. Madrid: Fundación Fad Juventud, Fundación Mutua Madrileña.
